Pablo Suárez Namén
Abogado penalista

Juan Diego Melo Vargas
Abogado penalista

En julio de 2025, el Congreso de la República expidió la Ley 2477, con el objetivo de robustecer los mecanismos de terminación anticipada del proceso penal reglado por la Ley 906 de 2004, atendiendo (conforme lo relacionado en la exposición de motivos del proyecto) los principios propios del debido proceso, la celeridad procesal y la garantía de los derechos de las víctimas. Este esfuerzo legislativo se inserta en una tendencia cada vez más clara del derecho penal contemporáneo: la búsqueda de respuestas más eficientes y restaurativas a los conflictos penales, que no se agoten únicamente en la imposición de penas privativas de la libertad, sino que contemplen soluciones alternativas orientadas a la reparación y a la racionalización del aparato judicial.

Esta ley modifica varias disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, particularmente relevantes para quienes litigamos día a día en el sistema acusatorio colombiano. Entre las reformas introducidas, dos merecen una atención especial: la incorporación de la reparación integral como causal de extinción de la acción penal en la Ley 906 de 2004, y las modificaciones al principio de oportunidad, que amplían sus causales y delimitan con mayor claridad su aplicación práctica.

Este artículo busca explicar estos dos cambios (sin perjuicio que se presenten otros), en comparación con la regulación anterior, y comenta algunos desafíos y oportunidades que implican para el ejercicio de la justicia penal.

El retorno de la reparación integral como causa de extinción de la acción penal

En el sistema penal colombiano, la idea de que quien causa un daño puede evitar la declaración de responsabilidad penal y la imposición de una pena reparando a su víctima no es nueva. La Ley 600 de 2000, procedimiento penal con tendencia inquisitivo que regía antes de la entrada en vigor del sistema con tendencia acusatoria (y que aún encuentra vigencia en algunas circunstancias), preveía que en ciertos delitos de menor gravedad la acción penal se extinguía si el autor o partícipe reparaba integralmente el daño causado. Esa posibilidad se aplicaba, por ejemplo, en lesiones personales, en delitos contra el patrimonio económico sin violencia, en inasistencia alimentaria, entre otros.

Con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004 esta causal de extinción de la acción penal desapareció. La reparación voluntaria del daño se convirtió, en ese marco, en una circunstancia que podía atenuar la pena (C. P., art. 269) o ser tenida en cuenta para la imposición de una sanción menor, pero no extinguía la acción penal. Este vacío fue criticado por distintos operadores jurídicos y usuarios del sistema penal, pues reducía los incentivos para que los infractores resarcieran a sus víctimas y obligaba a la justicia penal a desplegar todo el aparato procesal incluso en casos donde la víctima ya se sentía plenamente resarcida.

La Ley 2477 de 2025 responde a esa crítica y reincorpora la reparación integral como causa autónoma para poner fin al proceso penal en ciertos delitos. Con ello, se vuelve a privilegiar la solución directa entre las partes y se reconoce la justicia restaurativa como una herramienta válida para resolver conflictos penales. La misma norma específica cuáles delitos permiten esta figura: todos los delitos querellables por ser tipos penales frente a los cuales se puede desistir de la querella, homicidio culposo, lesiones personales, inasistencia alimentaria, ciertos delitos contra el patrimonio económico (aquellos que no involucren violencia) y contra los derechos de autor, siempre que no se trate de conductas especialmente graves o de interés público preponderante.

Cinco consideraciones merecen especial atención respecto de esta nueva causal de extinción de la acción penal. Primero, que ante la reparación integral del daño, la causal se extinguirá para todos los eventuales autores y/o partícipes del delitos, y no solo frente a aquellos que hayan realizado el acto de reparación de los perjuicios causados. Segundo, que la extinción de la acción penal se puede dar por vía de la reparación de perjuicios incluso en aquellos casos en los que no exista víctima identificada, individualizada o incluso conocida. En estos escenarios, el pago de la reparación deberá ser garantizada mediante caución, depósito judicial o cualquier otro mecanismo idóneo que será definido, en estos escenarios, por parte del delegado fiscal que adelante la investigación.

Tercero, al igual que ocurre con el concurso de personas, la reparación de los perjuicios extinguirá la acción penal respecto de todos los delitos que sean investigados al interior de la misma cuerda procesal, siempre y cuando todos estos sean extinguibles mediante esta nueva causal. Cuarto, la cuantía de los perjuicios deberá ser definida amigablemente por las partes y, en caso de no lograrse acuerdo, será definida por parte de perito mediante dictamen que podría ser objetado por cualquier parte procesal o interviniente especial. Finalmente, esta causal no será aplicable respecto de personas que en cuyo favor se haya aplicado la misma causal de extinción de la acción penal dentro de los cinco años anteriores.

Un régimen de principio de oportunidad más amplio y flexible

El principio de oportunidad, por su parte, ha sido una herramienta del sistema con tendencia acusatoria desde su implementación en el año 2005. La Ley 906 de 2004 le concedió a la Fiscalía la facultad de suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal en determinados supuestos, con el fin de evitar una justicia formalista y desproporcionada. Por ejemplo, cuando la conducta no generaba un daño social significativo, cuando el investigado colaboraba eficazmente con las autoridades o cuando la persecución penal carecía de utilidad práctica, esencialmente.

No obstante, en la práctica, el uso del principio de oportunidad fue más limitado de lo que la teoría prometía. Las causales eran restrictivas, los tiempos para cumplir los compromisos no siempre estaban claros y existía incertidumbre sobre cuándo procedía la intervención del juez para controlar su aplicación. Estas limitaciones redujeron su potencial para descongestionar el sistema y para dirigir la atención del Estado a los delitos más graves.

La Ley 2477 de 2025 introduce modificaciones sustanciales frente a esta figura que es la excepción al principio de legalidad u obligatoriedad de la acción penal. Por un lado, amplía las causales para su aplicación, incluyendo expresamente situaciones como la reparación integral en ciertos delitos, la irrelevancia social de la conducta o la desproporción entre el hecho y la respuesta punitiva. Por otro, aclara los compromisos que debe asumir el beneficiario y los plazos para cumplirlos, evitando así la indeterminación que a veces impedía su efectividad. También precisa los escenarios en los que la decisión de la Fiscalía debe ser controlada judicialmente, fortaleciendo las garantías para la víctima y para la comunidad.

Estas reformas no solo aumentan las opciones para resolver conflictos sin agotar el proceso penal completo, sino que brindan mayor certeza sobre los requisitos y procedimientos para aplicar el principio de oportunidad. También refuerzan su legitimidad, al incorporar el control judicial cuando las circunstancias lo ameriten.

Ambas reformas –la “reintroducción” de la reparación integral como causa de extinción y la ampliación del régimen de principio de oportunidad– responden a un mismo propósito: hacer del proceso penal una herramienta más racional, eficiente, centrada en los conflictos verdaderamente relevantes para la sociedad y capaz de ofrecer a las víctimas una respuesta efectiva y oportuna.

Estas figuras reflejan una comprensión más madura del derecho penal como ultima ratio, que no debe ser invocado cuando otras formas de resolver el conflicto resulten suficientes y más adecuadas. También ponen de relieve el principio de proporcionalidad, al evitar que el peso del sistema judicial recaiga con igual intensidad sobre conductas de distinta gravedad.

Por supuesto, su éxito dependerá de la forma en que sean aplicadas por los distintos operadores judiciales. La línea entre la reparación suficiente y la simulada, entre la irrelevancia social y la impunidad, es sutil y requiere un ejercicio técnico y ético riguroso.

Los abogados defensores, por su parte, deberemos asesorar a nuestros clientes sobre las nuevas opciones disponibles y sobre cómo cumplir los compromisos adquiridos para acogerse a estos beneficios, y en aquellos casos de representación de víctimas estar atentos de los eventos en los que se busca llegar a formas de reparación, asesorando y explicando los alcances de ello, incluso cuando se hace en escenarios extrajudiciales y pueden tener consecuencias en las figuras acá explicadas.

La Ley 2477 de 2025 marca un hito en el proceso de adaptación de nuestro sistema penal a las demandas contemporáneas de justicia. Al reincorporar la reparación integral como forma de extinguir la acción penal y al fortalecer el principio de oportunidad, la norma brinda nuevas herramientas para que los conflictos penales puedan ser resueltos de manera más rápida, efectiva y centrada en las víctimas.

No obstante, la verdadera prueba de estas reformas estará en su implementación práctica. Será indispensable que los operadores jurídicos las apliquen con sensibilidad, sin convertirlas en meros mecanismos de archivo expedito ni en fórmulas vacías de justicia. La vigilancia ciudadana, la formación técnica y el compromiso de todos los actores serán determinantes para que estos cambios no sólo descongestionen los despachos, sino que también refuercen la confianza en la justicia penal.

El reto que tenemos por delante es grande: demostrar que una justicia penal restaurativa, proporcional y eficiente no sólo es posible, sino también deseable.

Siga nuestro canal de WhatsApp

Gracias por leernos. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, los datos identificadores y los documentos sin límites.