El Gobierno decidió prorrogar, hasta la finalización de la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud, la suspensión de los términos del trámite de extradición previstos en la Ley 600 del 2000 y en la Ley 906 del 2004 y demás normas previstas en el ordenamiento jurídico. Estas medidas incluirán los términos que hayan empezado a correr respecto de notificaciones, recursos o solicitudes de revocatoria directa contra la resolución en que se concede o se niegue la extradición. Se debe tener en cuenta que la suspensión no cobijará los términos establecidos en el artículo 484 de la Ley 906, ni la facultad para cancelar las órdenes de captura y decretar libertades cuando estas se generen.