La persecución de delitos contra el medio ambiente ya es una realidad. Así lo aseguró la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, al anunciar la creación de la Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.

La nueva dependencia deberá adelantar la investigación de los delitos que afectan el derecho a un medio ambiente sano o que deterioran o agotan injustificadamente los recursos naturales.

Esta unidad tendrá, además, la responsabilidad de ejercer las acciones pertinentes para obtener la reparación del daño social, económico y cultural causado por la comisión de esos ilícitos, señaló la entidad.

Igualmente, estará adscrita a la Dirección Nacional de Fiscalías, será coordinada por un fiscal delegado ante el tribunal superior de distrito, tendrá 22 fiscales delegados ante jueces penales de circuito especializados, 11 asistentes de fiscal III, 9 asistentes de fiscal IV, 22 investigadores criminalísticos VII y un profesional universitario I. Funcionará en Bogotá y tendrá sedes en las seccionales de Barranquilla, Bucaramanga, Antioquia, Cali y Villavicencio.

Dentro de los delitos que serán investigados por el equipo se encuentran, entre otros, el aprovechamiento ilícito de recursos naturales, la contaminación ambiental, la pesca y la caza ilegal, la invasión de áreas de importancia ecológica y la explotación ilícita de yacimientos minerales, previstos en el título XI, Libro II del Código Penal.

La segunda instancia de las investigaciones adelantadas, conforme al procedimiento previsto en la Ley 600 del 2000, corresponderá al superior funcional de cada instructor que adelante la correspondiente investigación.

Morales explicó que la creación de esta unidad responde a las recomendaciones internacionales previstas en la Declaración de Río de Janeiro (Brasil) sobre el medio ambiente y a las obligaciones adquiridas por la entidad en el marco del Convenio Interinstitucional 027 del 2007 sobre minería ilegal, en el cual la entidad asumió el compromiso de destacar fiscales para la investigación específica de delitos contra el medio ambiente con la finalidad de ejercer la acción penal respectiva.

(FGN, Res. 03438, dic. 29/11)