La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dispuso casar una providencia que condenó a varias personas como cómplices de los delitos de hurto calificado y agravado en concurso y concierto para delinquir a la pena principal de 80 meses de prisión. La corporación indicó que los procesados suscribieron un preacuerdo para que la conducta fuera atribuida en calidad de cómplices y en tal sentido su pena fuera disminuida de una sexta parte a la mitad. Sin embargo, corroboró que el fallador les concedió la rebaja de las tres cuartas partes de la pena, lo que implicaba una disminución de 60 meses. Por lo tanto, esta elección significaba que la sanción efectivamente a imponer, realizando la operación aritmética correcta, debió ser de 20 meses y no de 60 meses, como de manera desatinada se consignó en la sentencia. En tal sentido, evidenció que, aunque el juez a quo individualizó la sanción en 24 meses de prisión, realmente la aumentó por razón de los delitos contra el patrimonio (M. P. Luis Guillermo Salazar Otero).