Este es el plan de choque para enfrentar la crisis carcelaria

El Gobierno adoptó una serie de medidas para enfrentar la crisis carcelaria del país, que van desde la asignación de nuevos recursos hasta el combate a la criminalidad en centros penitenciarios. La decisión fue tomada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), que estableció un nuevo enfoque en la política del Sistema Penitenciario y Carcelario (SPC), la cual contará con más de un billón de pesos para ejecutar un plan de acción en los próximos cuatro años.

De acuerdo con diagnóstico del Conpes, actualmente hay una grave situación institucional, social y humanitaria en las cárceles, producida por el hacinamiento, problemas de salubridad y carencia de servicios públicos, además de las altas tasas de criminalidad que se generan desde estos establecimientos, como es el caso de la extorsión.

Además de satisfacer las necesidades derivadas de la creciente demanda de cupos, se propone atender otros importantes aspectos que inciden directamente en la situación actual de los centros penitenciarios, tales como la adecuación sanitaria y tecnológica de los establecimientos; el mejoramiento de los programas de atención, resocialización y acompañamiento de la población privada de la libertad y la articulación con actores estratégicos del orden territorial y del sector privado.

Para poner en marcha este nuevo enfoque, se construyó un plan de acción con una inversión total de 1,17 billones de pesos.

En el eje de adecuación física, sanitaria y tecnológica de los establecimientos de reclusión del orden nacional (Eron), se destaca la creación de 11.843 nuevos cupos, la adecuación de las áreas sanitarias de los 137 centros de reclusión y un proyecto para dotarlos con salas de audiencias virtuales para un ahorro aproximado durante el cuatrienio de 65 mil millones de pesos en costos de traslado y remisiones.

El documento también abarca acciones para atacar la criminalidad que se produce desde las cárceles. “Se calcula que el 53 % de la extorsión nacional se produce desde los Eron”, explica el Conpes.

Para poder mitigar tal fenómeno y reducir el flagelo de este delito, se propone la implementación de nuevas tecnologías que permitan bloquear las señales no autorizadas con el fin de prevenir la realización de llamadas extorsivas desde los centros de reclusión.

Así mismo, para efectos del cumplimento de los objetivos de esta política, las entidades involucradas en su ejecución gestionarán y priorizarán recursos para la financiación de las estrategias que se proponen, acorde con el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) del respectivo sector.

(Departamento Nacional de Planeación, Documento Conpes 3828, 5/18/2015)

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