Defensoría propone crear 73 juzgados de ejecución de penas para descongestionar cárceles

Durante una  mesa de trabajo realizada en la cárcel La Modelo de Bogotá, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, propuso la creación de 73 nuevos jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad para descongestionar las cárceles del país.

La propuesta se suma a la formulada por el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, para que 11 jueces de ejecución de penas  nombrados como provisionales en Bogotá se conviertan en permanentes.

Durante el encuentro, también  se propuso introducir la oralidad en el trámite de las solicitudes de libertad, con el fin de acortar las diligencias solicitadas por la población reclusa.

Sobre el proyecto de Código Penitenciario que impulsa el Gobierno, Otálora explicó que contempla cuatro regímenes de tratamiento para los internos, que serán aplicados por el respectivo juez a la hora de la condena. Con esto, se busca privilegiar la libertad y la reintegración como una forma de la ejecución de la pena, agregó.

De otro lado,  destacó que en los últimos 13 años, la población carcelaria se incrementó en 65.941 personas, mientras que los cupos solo aumentaron en 42.076.

“Esta cifra  revela un incremento alarmante de personas privadas de la libertad que ha consolidado un patrón de deterioro en las condiciones de reclusión de 111.005 internos, lo que desborda las capacidades administrativas, financieras y logísticas de los 144 establecimientos penitenciarios que existen en el país”, señaló Otálora.

El funcionario precisó que, de acuerdo con informes estadísticos del Inpec evaluados por la Defensoría, la cantidad de personas recluidas ha generado un déficit de 35.329 cupos, equivalente al 46,7 % de hacinamiento.

Actualmente, en Colombia existen 32.707 personas sindicadas y 78.298 condenadas. Sin embargo, los 144 establecimientos de reclusión solo tienen capacidad para 75.676 personas.

“En Colombia se requiere con urgencia la implementación de una política criminal preventiva que supere las diferentes variables que causan el hacinamiento, como el incremento en la tipificación de las conductas delictuosas y del quantum de la pena privativa de la libertad, el abuso de la privación de la libertad como medida preventiva o de aseguramiento, la demora en la tramitación de los procesos que elevan el número de internos sindicados y la reincidencia derivada de la falta de ejecución real de los proyectos que se diseñan para dar cumplimiento al tratamiento penitenciario”, puntualizó Otálora.

Finalmente, la Defensoría advirtió que, de mantenerse el estado de cosas inconstitucional en las penitenciarías y cárceles de Colombia, se  provocará un deterioro progresivo de las condiciones de vida en el sistema penitenciario que multiplicará el hacinamiento.