Fiscalía imputa cargos a excontralora Sandra Morelli

Ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la excontralora Sandra Morelli, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

A la exfuncionaria se le señala de haber cometido irregularidades en el traslado de las oficinas de la entidad a un edificio del occidente de Bogotá, ya que el arrendamiento del nuevo sitio habría desatendido principios de la contratación estatal. Según el ente acusador, la contratación se basó en la “improvisación y el caos”, que por una “actitud caprichosa de la Contralora” ocasionó un detrimento patrimonial de 12.000 millones de pesos.

De acuerdo con la Fiscalía, el contrato, que asciende a 2.703 millones de pesos, se realizó “con desprecio” de la necesidad de justificar el traslado de la sede de la Contraloría, anteriormente ubicada en el centro de Bogotá, y se hizo con una “búsqueda de bienes con direccionados criterios de selección”.

“Estas conductas le permiten inferir a la Fiscalía que hubo una flagrante violación por parte de la excontralora Morelli de los principios de planeación económica y selección, al momento de suscribir el contrato”, señaló la entidad.

En su criterio, la actuación contractual pudo haber estado marcada por la falta de estudios periciales que demostraran fallas estructurales riesgosas de la edificación donde operaba la Contraloría, ya que la decisión de cambio de sede está soportada en documentos en los que se registran conceptos de entidades que no tendrían capacidad técnica.

Entre las irregularidades que salen a la luz en los estudios de mercadeo que llevaron a la selección del contratista, dice la Fiscalía, se evidencia que la comparación de precios proviene de una página web y que no hubo contrastación con inmuebles, ofertas y proponentes.

Así mismo, se considera probable la desnaturalización del contrato de arrendamiento, al incluir en él la adquisición de ductos, sanitarios, aires acondicionados y mobiliario, entre otros rubros, con pagos amortizados a 10 años. Eso, además del supuesto sobrecosto del 10 % en la firma del contrato.

La excontralora fue declarada en contumacia, dado que salió del país, desatendiendo la citación a la audiencia de formulación de imputación, sin justificación aparente. Al respecto, la exfuncionaria afirmó que carecía de garantías para ser procesada por la justicia colombiana.