La Superintendencia Financiera, a través de la Carta Circular 30 del 2017, ordenó a todas las entidades vigiladas la asignación de un funcionario para que se haga responsable por las medidas del control de lavado de activos y financiación del terrorismo. Los representantes legales de las entidades, dentro de los 15 días calendario siguientes a la designación del referido funcionario y de su suplente, deberán remitir a la Superfinanciera la información relacionada con datos personales, estudios, experiencia profesional, nombramiento y demás requisitos señalados en el Módulo de Registro del Funcionario Responsable dispuesto en el aplicativo denominado Sistema Integral de Registro de Información - SIRI.