La Sala Laboral de la Corte Suprema recordó que si en el desarrollo de las funciones jurisdiccionales de estas entidades se verifica la transgresión evidente y flagrante de derechos superiores, surge imperiosa la intervención constitucional. Para la Corte, las decisiones que se dicten deben estar ajustadas a los principios y derechos de origen constitucional, so pena de que sea procedente contra ellas la acción de tutela en aras de salvaguardar dichos fundamentos superiores. A su juicio, aun cuando tales entidades cuentan con facultades jurisdiccionales sobre materias precisas y específicas, ello no obsta para que el juez de tutela verifique si dentro de su ejecución procesal se transgreden garantías consagradas en la ley fundamental  (M. P. Fernando Castillo).