La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible el aparte de la norma que autoriza a los servicios postales a realizar giros y remesas de dinero. Según el Ministerio Público, a los servicios postales se les debe aplicar lo previsto por la Constitución Política para el ejercicio de actividades de servicio público y lo establecido sobre la garantía de la iniciativa privada, la libertad de empresa y la libre competencia, de acuerdo con lo previsto en los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado colombiano con la Unión Postal Internacional. Añadió que aunque la mercancía trasportada sea dinero, la actividad de transportarla y entregarla a un destinatario no deja de ser propia de un servicio postal, y no se transforma en una actividad financiera.