En aras de reglamentar algunos aspectos del Decreto 2130 del 2015, la Superintendencia de Sociedades dictó normas sobre la infraestructura técnica y administrativa y grupo de profesionales y técnicos para el debido cumplimiento de las funciones de auxiliares de la justicia. Así, por ejemplo, reguló la naturaleza de los cargos de promotor, liquidador y agente interventor. Agrega que los honorarios respectivos constituyen la total y equitativa retribución del servicio y no podrán exceder los límites establecidos en el Decreto 2130 y en la ley. También fijó los requisitos para acreditar la experiencia de personas naturales en representación de auxiliares de la justicia que hayan sido personas jurídicas y los requisitos mínimos de los cursos de formación académica de insolvencia e intervención, entre otros.