Quienes demandaron la responsabilidad del Estado por la intervención del Grupo DMG tendrán que esperar más tiempo antes de que la justicia decida si merecen ser indemnizados. Así lo decidió el Tribunal Administrativo de Boyacá, al negar la acción de grupo que promovieron varias víctimas de la captadora que pretenden que el Estado les pague $ 800.000 millones por los perjuicios morales y materiales que sufrieron, según ellos, como consecuencia de la toma de posesión. El tribunal decidió que, como la acción de grupo es eminentemente indemnizatoria, no puede resolverse hasta que culmine el proceso de intervención y liquidación de DMG. Solo entonces podrá determinarse si los demandantes sufrieron daños a raíz de la toma de posesión de la captadora, y si la reparación que reclaman es procedente (M.P. Javier Ortiz del Valle).