Teniendo en cuenta que en el ordenamiento jurídico no existe disposición que prohíba que el representante legal, sea este principal o suplente, resida en lugar diferente al domicilio social, corresponde al máximo órgano social evaluar sobre la conveniencia o no de que las personas encargadas de la dirección adelanten su labor en esas condiciones y sobre el cumplimiento de todas y cada una de las funciones. Así lo indicó la Superintendencia de Sociedades, en oficio de agosto.