Las medidas cautelares decretadas sobre las acciones, cuotas o partes de interés social objeto de un proceso de extinción de dominio se extienden a los dividendos, utilidades, intereses y demás beneficios que correspondan al derecho embargado, así como a los ingresos y utilidades operacionales de la sociedad, por lo que la Dirección Nacional de Estupefacientes administra los bienes y recursos, con el fin de mantener la productividad de la sociedad incautada, precisó la Superintendencia de Sociedades. Si no hay bienes sobre los cuales pueda recaer el embargo y secuestro, se debe continuar con la liquidación del ente jurídico, para lograr la extinción del mismo con tal, indicó la entidad.