Cuando un competidor logra la atención de la clientela ofreciéndole precios más bajos, sin abusar de una posición dominante en el mercado, se puede afirmar que respeta los límites del derecho de los demás y del bien común. Actualmente, el precio de los alimentos no está sometido a control de la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo que los oferentes pueden fijar libre y autónomamente los precios. Sin embargo, la entidad es competente para investigar las conductas que contraríen el régimen de protección a la competencia y los mercados nacionales.