La iniciativa busca hacer frente a la difícil situación económica que están viviendo las instituciones educativas del país, que se agrava por el cobro de los servicios públicos domiciliarios (SPD), que supera el 50 % de los recursos asignados por el Ministerio de Educación, aseguran los autores. En consideración a lo anterior, se modificaría la clasificación del uso y estratificación de los SPD de los establecimientos oficiales de educación inicial, básica y media del país. Así, las empresas de servicios públicos domiciliarios aplicarán la tarifa más baja donde presten el servicio los establecimientos mencionados. Los recursos ahorrados al aplicar esta tarifa diferencial deberán ser invertidos en la infraestructura de los establecimientos y en la calidad educativa de las instituciones, obligaciones que estarán a cargo de los secretarios de educación. El proyecto de ley fue asignado a la Comisión Sexta de la Cámara y se encuentra a la espera de ponencia para primer debate.