En los procesos de responsabilidad fiscal se debe vincular al garante como tercero civilmente responsable. La pertinencia de la vinculación se determina según el objeto del contrato, por lo que tanto los contratos de seguro para garantizar las obligaciones originadas en la celebración de un contrato estatal como aquellos que amparan la responsabilidad de los servidores públicos tienen como finalidad proteger el patrimonio público, de manera que su afectación dentro de un proceso de responsabilidad fiscal resulta totalmente procedente y su valoración dependerá de los hechos generadores de la conducta que dio lugar al detrimento. En el fallo que declara la responsabilidad fiscal se determina que la compañía aseguradora debe responder en su calidad de tercero civilmente responsable hasta por el monto asegurado, con la salvedad de que el mismo no se haya agotado.