Al referirse a las sentencias T-1085 del 2002 y T-751 del 2012, la Corte Constitucional reiteró que en las relaciones entre los usuarios y las empresas que conforman los sistemas financiero y asegurador se materializa el estado de indefensión, porque gozan de una posición dominante en el mercado frente a quienes a ellas acuden. Así mismo, señaló que la libertad contractual y la autonomía privada tienen límites en las actividades financiera y aseguradora que han sido declaradas constitucionalmente de interés público. En el caso analizado, le ordenó a una compañía de seguros cumplir con el amparo por la incapacidad total y permanente acordado mediante un seguro de vida grupo deudores y hacerse cargo del saldo insoluto de un crédito amparado con una libranza (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).