En el Senado, el Gobierno radicó un proyecto que modificaría el régimen de protección de la competencia y algunas funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. La iniciativa acoge varias recomendaciones emitidas por la OCDE para desincentivar prácticas restrictivas; otorgar a las autoridades herramientas para la investigación y represión de carteles, abusos de posición de dominio y otras prácticas anticompetitivas; fortalecer el régimen de beneficios por colaboración para incentivar a las compañías a delatar carteles y hacer más transparente el régimen de cara a los consumidores. Una de las propuestas es ajustar el régimen de beneficios por colaboración y promover la figura del delator. Además, quienes sean sancionados por infringir las normas sobre protección de la competencia en el marco de un proceso de contratación estatal serían inhabilitados hasta tres años.