Las obligaciones en un proceso de reorganización se dividen en dos clases: las causadas antes de la fecha del inicio del mismo y las originadas con posterioridad, cuyo pago se hará en los términos del acuerdo o de preferencia, respectivamente.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 1116 del 2006, las obligaciones que se causan con posterioridad a la fecha del inicio del proceso de insolvencia son gastos de administración y deben ser pagados conforme se van causando y haciendo exigibles.

Por lo tanto, indicó la Superintendencia de Sociedades, se puede exigir su cobro coactivo, sin perjuicio de la prioridad de las mesadas pensionales y contribuciones parafiscales de carácter laboral causadas antes y después del inicio del proceso de liquidación judicial.

Tratándose de gastos de administración, y siendo posible perseguir su cobro coactivo, se puede decretar el embargo y secuestro de los bienes que conforman el patrimonio del deudor, para lo cual se deberá seguir el procedimiento señalado en los artículos 599 y siguientes del Código General del Proceso, en lo pertinente.