Las obligaciones contraídas por una sociedad con anterioridad a la solicitud del trámite de reorganización no se pueden cobrar en un proceso ejecutivo singular contra el deudor, pues necesariamente están vinculadas al proceso y sujetas al resultado del mismo, hasta su terminación, indicó la Superintendencia de Sociedades. El artículo 46 de la Ley 1116 del 2006 faculta a cualquier acreedor o al deudor para denunciar el incumplimiento del acuerdo o de los gastos de administración. En este caso, el juez debe verificar la situación.