La Ley 2181 pretende asegurar la cadena logística y prevenir delitos trasnacionales regulando los procesos que requieren evaluación y análisis de riesgos en cualquier tipo de certificación pública o privada. Los principios establecidos en la norma serán aplicables a empresas consultoras, asesoras e investigadoras en seguridad privada que cuenten con licencia o credencial.

Las entidades públicas y privadas involucradas en cualquier proceso de certificación tendrán la obligación de verificar que dichas empresas cuenten con la autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Por otro lado, el Gobierno establecerá acciones para fortalecer la seguridad marítima, especialmente la protección de buques e instalaciones portuarias, tendientes a promover el comercio exterior, la facilitación del transporte y la competitividad del país.