Al asignar la Ley 1116 del 2006 (Ley de Insolvencia Empresarial) competencia jurisdiccional a prevención a la Superintendencia de Sociedades, respecto de los procesos concursales de las personas naturales comerciantes, no se generan conflictos de competencia ni vicios de constitucionalidad, por no tener conexidad o relación con la atribución administrativa que desarrolla la entidad. Por el contrario, en este caso, el deudor persona natural comerciante, ante una situación de cesación de pagos o incapacidad de pago inminente, puede escoger si acude a la entidad o al juez civil del circuito y adelantar el proceso respectivo. Quien asume la competencia lo tramitará hasta su culminación.