La obligación del representante legal de una sociedad sometida a un proceso de fusión o escisión de enviar a la Superintendencia de Sociedades el certificado de existencia y representación legal que dé cuenta del registro de la respectiva reforma estatutaria, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la respectiva inscripción, no lo libera de remitir, dentro del mismo término, la escritura pública mediante la cual se formaliza la mencionada reforma, con el fin de llevar a cabo la supervisión posterior que conserva la entidad frente a tales operaciones.