Procuraduría solicitó inexequibilidad de norma que establece mínimos de solvencia obligatoria para empresas de ‘factoring’ (3:02 p.m.)

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible, por vicios de trámite, el artículo 89 de la Ley 1676 del 2013, sobre garantías mobiliarias. La norma determina que las sociedades cuya actividad exclusiva sea el factoring (compra de cartera) podrán realizar contratos de mandato específicos con terceras personas para la adquisición de facturas hasta por un monto equivalente al 10 % del patrimonio que tenga registrado la sociedad. Para el Ministerio Público, el trámite de la iniciativa desconoció los principios de consecutividad e identidad flexible, pues fue introducida en el tercer debate efectuado en la Cámara, careciendo de discusión y aprobación en el Senado. La disposición fue demandada tanto por violar las reglas que ordenan el trámite legislativo como por imponer una “restricción excesiva” a la actividad de factoring, lo que limita la libertad económica.