Hay que comenzar por explicar que la Sala Plena de la Corte Constitucional debía resolver una acción de tutela instaurada por el Banco de la República (Banrepública) contra un laudo de arbitramento proferido hace dos años que le ordenaba pagar más de $ 1.044 millones y, así mismo, la providencia dictada por el  Consejo de Estado que resolvió desfavorablemente el recurso de anulación interpuesto por el Emisor. A lo largo del proceso judicial se sostuvo que en el laudo y en el fallo del Consejo de Estado se le vulneraron al Banco sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Lo anterior, según el tutelante, por  haberse admitido que la póliza global bancaria suscrita por el Emisor con Suramericana S. A. y Allianz Seguros S. A, con vigencia de un año, no cubría el riesgo derivado de sus funciones regulatorias y, en particular, no amparaba al Banco Central frente a las condenas judiciales dictadas en su contra a consecuencia de la anulación de la Resolución Externa 18 de junio 30 de 1995. El alto tribunal concluyó que al Banco se le vulneró su derecho fundamental al debido proceso en dicho auto. Tras examinar la constitucionalidad del laudo, se llegó a la conclusión de que había una duda insuperable en el ámbito de cobertura del amparo de la póliza de indemnización profesional. Así las cosas, se revocó la sentencia de tutela expedida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y, en su defecto, concedió el amparo judicial a la entidad bancaria.