Los delitos sexuales y el derecho al olvido

En Colombia, ¿qué normas protegen a la sociedad de los delincuentes sexuales y por qué tienen derecho al olvido en internet?

Germán Lozano, de la Universidad Gran Colombia en Bogotá.                

En Colombia, debido a interpretaciones noticiosas erróneas[1], se ha confundido el concepto de derecho al olvido y los lineamientos de la política criminal adoptada frente a los delincuentes sexuales; dos concepciones que, es necesario aclarar, tienen propósitos y lineamientos jurídicos totalmente diferentes.

Por un lado, tal como lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia[2] y la Corte Constitucional[3], el derecho a olvidar consiste en el derecho que tiene una persona a que la información judicial en la que aparecen relacionados sus datos personales no se convierta en una especie de cadena perpetua en su contra, por estar siempre disponible esta información en internet.

De otro lado, la política criminal, en este tema tan delicado y de evidente interés en la actualidad, se enfrenta al dilema, en temas como el de un abuso sexual, de usar formas de alertar y prevenir a la población sobre la identidad de los delincuentes sexuales, lo cual, si bien parece comprensible y útil, al mismo tiempo, es una forma de sanción adicional.

Esta estrategia ha tenido un notable desarrollo en EE UU con la creación, en la esfera municipal, y en algunos casos estatal, de bases de datos de delincuentes sexuales de acceso público. Un ejemplo de ello es la base de datos del Estado de Vermont con el Registro de Delincuentes Sexuales^[4], en el que es posible ver la foto del delincuente y la situación del tratamiento que se le ha dado por parte de la justicia penal. En otros casos, se trata de bases de datos municipales que tienen naturalmente un menor impacto preventivo, por ejemplo, el sistema accesible en internet desarrollado por el Snohomish County^[5] en el Estado de Washington. Allí, al ingresar un código postal (ZIP code), es posible identificar, en un mapa interactivo, la ubicación, domicilios y fotos de los delincuentes sexuales registrados (“Map of Registered Sex Offenders”), pero ninguna se indexa en buscadores de internet^[6].

Existe también una legislación similar en Canadá (Ontario), denominada Christopher’s Law - Ontario Sex Offender Registry (OSOR)^[7], del año 2000. En este momento es un tema que está en pleno debate en la Comunidad Europea como se colige del texto Estudio de legislación comparada n° 133, sobre infracciones sexuales cometidas contra niños y adolescentes^[8].

En Colombia, el artículo 15 de la Ley 679 del 2001[9] crea un sistema de información sobre delitos sexuales contra niños y adolescentes, que incluye el registro de sus autores, cómplices, proxenetas, tanto de condenados como de sindicados, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, de este registro no tenemos conocimiento si se ha implementado, pues no está disponible en internet. De contar con este, sería un instrumento que complementaría políticas efectivas de prevención, como la inclusión en las exigencias para ocupar cargos que no se haya tenido contactos abusivos con menores y, por supuesto, no haber sido condenados por delitos sexuales contra menores. Se garantizaría así el derecho de los menores a su seguridad, pero, es el dilema difícil de resolver aquí, se vulneraría el derecho al olvido.

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