El Consejo de Estado explicó que la radiodifusión comercial y la comunitaria son distintas en relación con la orientación de la programación, pues mientras la primera está destinada a la satisfacción de los hábitos y gustos del oyente y el servicio se presta con ánimo de lucro, en la radiodifusión comunitaria la programación está destinada en forma específica a satisfacer necesidades de una comunidad organizada. Por esta razón, el consejo negó la nulidad de una disposición contenida en el Decreto 1447 de 1995, en la que se limita la difusión de propaganda política en radiodifusoras comunitarias. En esa medida, concluyó que no se puede aplicar a las radiodifusoras comunitarias la misma regulación que tienen las comerciales. Además, esa limitación no desconoce la libertad de expresión política, toda vez que esta tiene canales distintos y más adecuados para su divulgación (C.P. Ruth Stella Correa Palacio).