El registro de la propiedad es un servicio público que consiste en anotar en un folio de matrícula inmobiliaria los datos más relevantes de actos, contratos o providencias sujetos a registro y de los que disponen su cancelación, a efectos de que cualquier persona interesada pueda conocer en cualquier momento el estado jurídico de los bienes inmuebles matriculados. Como objetivos básicos tiene el de servir de medio de tradición del dominio de bienes raíces y de otros derechos reales constituidos sobre ellos y dar publicidad a los actos y contratos que trasladan el dominio de los mismos bienes raíces o le imponen gravámenes o limitaciones, poniendo al alcance de todos el estado jurídico de la propiedad inmueble. La función pública registral está asignada a los registradores de instrumentos públicos y se encuentra regulada por la Ley 1579 del 2012, norma que establece autonomía en el ejercicio de sus funciones y se ejerce sobre el círculo registral asignado.