Tras comprobar que el exministro Fernando Londoño Hoyos no tuvo la calidad de trabajador de la empresa Inversiones Gases de Colombia (Invercolsa) y por ello no podía participar como exempleado en el proceso de democratización de la propiedad accionaria del Estado en esa compañía, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la devolución a Ecopetrol de los 145 millones de acciones de Invercolsa adquiridos por el exdirectivo. A juicio de la mayoría de la Sala de Casación Civil, también quedó claro que debía decretarse la ineficacia de la compraventa de acciones, por existir una sentencia previa dictada en una acción popular que amparó los derechos colectivos a la moralidad administrativa y patrimonio público, y “ordenó deshacer la enajenación, amén de su ilicitud, sin devolución del precio pagado” (M. P. Aroldo Wilson Quiroz).