La comisión de conciliación decidió acoger en su totalidad el texto aprobado en último debate por la plenaria del Senado. Esta decisión será sometida a consideración de las plenarias del Congreso y de ser aprobada será enviada a sanción presidencial. El objetivo del proyecto de ley es proteger, promover y garantizar el libre ejercicio de los derechos de los suscriptores o usuarios de los servicios públicos domiciliarios, así como amparar sus derechos fundamentales. Así, cuando se evidencien o dictaminen anomalías o no conformidades en el acta de prueba que, a juicio de la empresa, conlleven a realizar cambios o adecuaciones técnicas inherentes al usuario, las mismas deberán realizarse dentro de los siguientes 45 días posteriores a la revisión. Pasado este tiempo sin que el usuario haya realizado las acciones o correcciones señaladas, la empresa podrá ejecutar los ajustes con cargo a la factura del cliente. No habrá lugar a cobros por reconexión y reinstalación de servicios públicos cuando la misma sea realizada por medios tecnológicos que impliquen lectura o gestión remota no física. Por su parte, en cuanto a los estratos a los que no se les haya eliminado el cobro por reconexión del servicio (estratos 4, 5 y 6), solo podrá cobrarse la reinstalación cuando el costo o el valor de los mismos sea menor al consumo facturado del servicio. Por último, se establece la obligación a cargo de las empresas de constituir una oficina de peticiones, quejas y recursos en cada municipio en el que se preste el servicio, para atender las peticiones verbales o escritas que se radiquen en torno a la prestación o las inconsistencias en la facturación. Conozca el informe de conciliación en el documento adjunto a la presente nota.