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Actualizado hace 11 horas | ISSN: 2805-6396

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Superindustria adelanta investigaciones contra prestamistas usureros

09 de Febrero de 2015

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La Superintendencia de Industria y Comercio (Superindustria) sancionó a la sociedad prestamista BCI Empresas SAS (propietaria de los establecimientos Anticipos Express), con una multa superior a 1.200 millones de pesos, por cobrar intereses usureros que, en algunos casos, excedían hasta en 250 veces el límite de los intereses máximos permitidos por la ley.

 

En un comunicado de prensa, el organismo de control advirtió que la sociedad pretendía ocultar el verdadero negocio celebrado con sus clientes, denominando los contratos como “contrato de anticipo de flujos futuros”, cuando en realidad se trataba de contratos de mutuo o préstamo de dinero.

 

Con este procedimiento, la empresa evadía las normas que fijan los límites a las tasas de interés. Según la Superindustria, a los consumidores que acudían a la empresa para solicitar un préstamo de dinero, con un plazo no mayor de 15 días, se les cobraban intereses que superaban en no menos de 17,6 veces los legales permitidos.

 

La superintendencia ordenó la devolución de una suma equivalente al doble de los intereses cobrados en exceso. Así mismo, decretó la suspensión provisional e indefinida de la actividad empresarial de BCI Empresas, hasta que acredite que ajustó su modelo de negocio a las normas que regulan el préstamo de dinero. Por último, ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias, el congelamiento de recursos y la prohibición de celebrar transacciones con dichos recursos.

 

La Superindustria compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se investigue el delito de usura en que habrían incurrido los ciudadanos extranjeros Matthew Cordis y Eric Brown, en su condición de representantes legales de BCI Empresa.

 

Esa entidad ejecutaba su modelo de negocios en Colombia mediante la compra de salarios y mesadas pensionales, lo cual es ilegal, por expresa disposición del Código Sustantivo del Trabajo. “Los salarios en Colombia pueden servir como garantía de pago de obligaciones de préstamos de dinero sometidos a los límites de la tasas de interés, pero no pueden estar sometidos a compraventa”, aclaró la superintendencia.

 

El organismo de control advirtió que adelanta otras investigaciones contra prestamistas que estarían abusando de los colombianos con bajos niveles de ingresos, necesidades de crédito y nula capacidad de ahorro.

 

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