Por presuntas infracciones a datos personales, Superindustria bloquea temporalmente sitio web

La Superintendencia de Industria y Comercio (Superindustria) le ordenó a la sociedad IFX Networks Colombia SAS, que provee el servicio de hosting o alojamiento, bloquear el sitio web datajuridica.com, por publicar información personal incompleta, desactualizada y fuera de contexto sobre procesos judiciales en los que los reclamantes han sido parte, y no proveer mecanismos que les permitan corregir, actualizar o eliminar esa información.

El bloqueo se mantendrá hasta que el responsable del tratamiento de datos acredite que la información cumple con los principios de veracidad y calidad, y que se han implementado medidas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de hábeas data.

Según la Superindustria, lo titulares de información personal, al ingresar sus datos en los motores de búsqueda, encuentran que dicho portal publica sus nombres junto con la leyenda “con procesos con la justicia”, y condiciona el acceso a esta al pago de una suma de dinero.

“Pagado el dinero, en muchos casos el usuario advierte que se trata de una información desactualizada relacionada con procesos judiciales, de naturaleza civil o comercial, terminados hace varios años”, explicó la Delegatura para la Protección de Datos Personales.

Para ordenar la medida, la Superintendencia tuvo en cuenta 35 expedientes, en los que los titulares coinciden en denunciar que el sitio publica información desactualizada de procesos judiciales y no cuenta con procedimientos que les permitan ejercitar su derecho de hábeas data.

En la decisión, adoptada mediante la Resolución 42412, la entidad recordó que, según la Ley 1581 del 2012 (Ley de Hábeas Data), la información sujeta a tratamiento, incluidos los datos personales de naturaleza pública, debe ser veraz, completa, exacta y actualizada. Además, puso énfasis en la prohibición expresa de hacer tratamiento de datos personales que induzcan a error.

La Superindustria también ordenó evaluar si hay mérito para abrir una investigación sancionatoria, que puede conducir a la imposición de multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a 1.232 millones de pesos.