Una empresa que esté adelantando el proceso de reorganización regulado por la Ley 1116 del 2006 (régimen de insolvencia empresarial) puede seguir celebrando contratos con entidades públicas o privadas, en desarrollo de su objeto social, señaló la Superintendencia de Sociedades.

Lo anterior debido a que el fin de la norma es que se preserven las empresas viables, buscando normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, de manera que puedan seguir desarrollando las actividades correspondientes al giro ordinario de sus negocios.

Así mismo, la disposición califica como ineficaz, sin necesidad de declaración judicial, toda estipulación que impida o dificulte la participación del deudor en licitaciones públicas o privadas en igualdad de condiciones.

(Superintendencia de Sociedades, Concepto 220-90538, jul. 23/13)