La importancia de la seguridad energética en vísperas de la transición que enfrenta el mundo

Gustavo Quintero Navas

Director de la Especialización en Derecho Minero-Energético y Desarrollo Sostenible y profesor asociado de la Universidad de los Andes

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La invasión de Rusia a Ucrania puso de presente uno de los principales problemas en Europa occidental: la dependencia que tienen sus países respecto de los combustibles fósiles provenientes de Rusia (gas natural y petróleo, específicamente). El gas ruso representa cerca del 40 % de las importaciones de gas natural de la Unión Europea (UE). Adicionalmente, Rusia es el tercer mayor productor de petróleo en el mundo^[1], exportando alrededor de cinco millones de barriles de petróleo crudo cada día, y más de la mitad va a Europa^[2]. Para Rusia, las exportaciones efectuadas a la UE representaron el 71 % de los ingresos totales por petróleo, gas y carbón, con un valor aproximado de 44.000 millones de euros^[3].

Según un estudio publicado por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, Alemania pagó a Rusia unos 9.100 millones de euros por combustibles fósiles en los dos primeros meses de la guerra en Ucrania. Así mismo, señala que el segundo mayor importador de combustibles fósiles de Rusia en estos mismos dos meses fue Italia, con 6.900 millones de euros, seguido de China, con unos 6.700 millones de euros, aproximadamente^[4].

Estas cifras son sorprendentes, teniendo en cuenta que el Pacto Verde Europeo tiene proyecciones ambiciosas. La UE emite más del 75 % de los gases de efecto invernadero (GEI) en la producción y uso de energía. Para el 2030, la meta es la descarbonización del sistema energético y, el para el 2050, aspiran lograr la neutralidad en emisiones de carbono.

Dicha situación evidencia palmariamente que aun en momentos de fuerte conflicto, los países de la UE que dependen energéticamente de otros no pueden permitirse dejar de adquirir recursos de primer orden de prioridad, a pesar de la existencia de las sanciones económicas^[5] que pesen sobre el país exportador. Esto demuestra que la transición energética todavía tiene un largo camino por recorrer, porque, aunque con el Pacto Verde de la UE se establecieron unas metas a corto y largo plazo, el conflicto Rusia-Ucrania resalta la necesidad –traducida en demanda–, que existe todavía por tales recursos.

Situación local

En Colombia, el panorama resulta diferente. La generación de energía en Colombia proviene en un 63,7 % de recursos hídricos, mientras que el 31,5 % es generada por recursos como el gas, el carbón, el fueloil y el combustóleo^[6]. Este 30 % restante resulta necesario para garantizar la seguridad energética del país, por cuanto las fuentes renovables –a pesar de los grandes avances e implementación– no brindan una confiabilidad total. De ahí que se requiera de los combustibles fósiles para asegurar la provisión sin riesgo de racionamiento. Por ejemplo, los recursos hídricos pueden verse afectados por fenómenos climáticos, que, si se dependiera exclusivamente de estos, una sequía de un río podría dejar a una población sin energía eléctrica. En ese escenario, es de suma importancia contar con una reserva energética que apele a combustibles fósiles como el gas natural o el carbón, sin que esto retrase o signifique un impedimento para avanzar en la transición energética.

Bajo ese contexto, cabe entonces preguntarse: si a pesar de que Colombia tiene metas a corto o largo plazo para reducir sus emisiones de CO2 (al igual que sucede en la UE), debido a que el 30 % de la energía proviene de recursos térmicos, ¿cuál sería el propósito de ejecutar una política de transición energética poniendo en riesgo la seguridad energética del país?

Una política de reducción de emisiones consciente y segura, considerando que es uno de los países que tiene menos emisiones de CO2 (para el 2020, ocupó el puesto 144 de 184 países registrados, siendo China el primer país que más emite GEI)^[7], implica que no se ponga en riesgo la provisión de energía para el desarrollo de la economía. Así las cosas, las cifras de la matriz energética demuestran que Colombia no pone en peligro la seguridad energética del territorio, al contar con recursos renovables y no renovables para suplir las necesidades del país y, a su vez, manteniendo la meta de generación de electricidad lo más sostenible posible.

Ahora, Colombia todavía tiene un gran potencial de desarrollo en diferentes proyectos energéticos con participación pública. Concretamente, Ecopetrol está expandiendo su negocio y ejecutando proyectos de energías renovables. Sin embargo, existe cierto temor en quien decide desarrollar un proyecto de tal magnitud por la forma como los entes de control los conciben, específicamente, al considerar que cualquier incremento del valor proyectado supone un detrimento patrimonial. Así, dejan de lado las condiciones exógenas e imprevistas que pueden afectar esa proyección inicial y que de ningún modo suponen la concreción de un detrimento patrimonial asociado a una conducta dolosa o negligente de quienes están al frente de los proyectos.

Hidroituango

Podemos citar como caso icónico lo ocurrido con el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, que, por su connotación y trascendencia mediática, nos sirve como referencia.

Hidroituango tenía como objeto la construcción de la hidroeléctrica más grande del país, y buscaría suplir el 17 % la demanda eléctrica del territorio colombiano^[8]. Como es sabido, las personas naturales y jurídicas que fueron vinculados por la Contraloría General de la República al proceso fueron declaradas fiscalmente responsables y el daño patrimonial al Estado fue tasado en 4,3 billones de pesos.

Esa tasación del daño fue efectuada por el ente de control a pesar de que materialmente no se demostró negligencia en los ejecutores y la aseguradora amparó el siniestro por encontrar que la contingencia del 2018 no obedeció a una conducta dolosa o gravemente culposa, situaciones que sí estaban excluidas del seguro^[9]. Así las cosas, ciertamente esta declaratoria de responsabilidad supone un precedente disuasorio para inversionistas del sector privado, nacionales y extranjeros, que pretendan ser contratistas del Estado en la ejecución de esta clase de proyectos.

Temáticas como esta son abordadas con el mayor rigor técnico y académico en los módulos de derecho minero, petrolero, gas natural y energía eléctrica, y la perspectiva de desarrollo sostenible y ambiental que brinda la Especialización de Derecho Minero-Energético y Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes: posgrado dirigido a profesionales de múltiples disciplinas que persigan un enfoque holístico en el campo de derecho energético y deseen contribuir desde la academia a la construcción de proyectos exitosos y a un mejor país.