La Ley 1056 del 2006 autorizó a las asambleas departamentales para emitir una estampilla como contribución a la construcción de infraestructura que ayude a la electrificación rural. El periodo inicial de este impuesto fue de 10 años. El principal objetivo de la ley era que el 100 % de los municipios tuvieran cobertura del servicio público de electricidad, lo que no se ha logrado. Ahora, con una nueva ley que acaba de ser sancionada, se autoriza a las asambleas departamentales, a los concejos distritales y municipales para que por el término de 20 años dispongan la emisión de la estampilla. Estos recursos serán invertidos de manera prioritaria en aquellas zonas de difícil acceso y para proyectos que propendan por el uso de energías renovables no convencionales. El valor anual de la emisión será de hasta el 10 % del presupuesto de las entidades territoriales.