Formulan pliego de cargos contra Partners Telecom por presunta información y publicidad engañosa

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra Angelcom S.A., sistemas asesorías y redes SAS (en adelante, SAR) y Keb Technology Colombia (en adelante, KEB) por presuntas infracciones al régimen de libre competencia derivadas de la comisión de conductas dirigidas posiblemente a dilatar el proceso mediante el cual se lograría la interoperabilidad de los sistemas de recaudo.

Por una parte, Angelcom habría abusado su posición de dominio en el mercado, mientras que SAR y KEB habrían realizado una restricción indebida al impedir la incursión de Recaudo Bogotá en las fases I y II.

La supuesta obstrucción y dilación en el proceso de interoperabilidad estaría materializada en diversas estrategias, especialmente la de impedir el acceso a información fundamental para lograr la integración del sistema.

Las presuntas conductas se habrían adelantado desde el comienzo de ejecución de la concesión, otorgada a Recaudo Bogotá como recaudador de la fase III de Transmilenio, frustrando el proceso de integración, el cual debía llevarse a cabo mediante la puesta en marcha de la tarjeta “Tullave”, en 2011.

Sin embargo, nunca se logró que la tarjeta se pudiera usar en todas las estaciones de las fases I y II.No obstante, Recaudo Bogotá logró, a finales del 2013, que los usuarios que portaran las tarjetas de fases I y II pudieran acceder también a la fase III, sin necesidad de adquirir la tarjeta “Tullave”.

Adicionalmente, la SIC formuló pliego de cargos contra nueve personas naturales en su condición de altos directivos (funcionarios o exfuncionarios) de las empresas por presuntamente haber colaborado, o ejecutado los actos relacionados con la presunta obstrucción.

Igualmente, advirtió que en el caso de que el proceso termine declarando que existió violación a las normas de libre competencia, la superintendencia, además de adoptar medidas para que cesen las conductas, puede imponer multas a quienes infrinjan las disposiciones de prácticas restrictivas de la competencia hasta por 100 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, hasta $ 64.435 millones por cada infracción; y a las personas naturales que actúan en representación de quienes infrinjan esas disposiciones, hasta 2.000 salarios, es decir, $ 1.288´700.000.

Actualmente, ante la frustración del proceso de interoperabilidad, está en marcha un nuevo protocolo de integración, basado en la sustitución de los torniquetes y en general, de todo el sistema de recaudo. Sin embargo, los usuarios siguen siendo afectados al no poder usar la tarjeta “Tullave” en todas las fases.