Las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías estarán obligadas a adoptar un régimen para el ejercicio de los derechos políticos respecto de las inversiones que realicen en carteras colectivas, fondos de capital privado, bonos y/o acciones, entre otras, dispuso esta semana la Superintendencia Financiera. Aunque los lineamientos particulares de dicho régimen los adoptarán esas entidades, la Circular Externa 1 del 2012 señala los criterios mínimos.