Por su carácter de organismo técnico de carácter administrativo, el Consejo de Estado manifestó que le compete a la Superintendencia Financiera evitar que personas no autorizadas por la ley ejerzan actividades exclusivas de las entidades vigiladas. Además, podrá supervisar de manera integral las operaciones de las instituciones sometidas a su control con el fin de velar por el cumplimiento de las normas que las regulan, asegurando la confianza en el sistema financiero. En consecuencia, cuando las personas naturales o jurídicas ejercen una actividad financiera sin autorización de la Superfinanciera, esta entidad puede imponer una o varias de las medidas cautelares o preventivas contempladas en el del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, dentro de las cuales están la disolución de la persona jurídica y la liquidación rápida y progresiva de las operaciones ilegales, para lo cual se aplican, en lo pertinente, las normas sobre toma de posesión, previstas en esa normativa (C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia).