De acuerdo con lo previsto en la Ley 1480 del 2011 (Estatuto del Consumidor), la atribución legal de facultades jurisdiccionales a la Superintendencia Financiera está delimitada al conocimiento de controversias relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de la obligaciones contractuales que asuman los entes vigilados con ocasión de la actividad financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público. Así lo indicó la entidad, en reciente oficio.