El control sobre las labores encomendadas a las empresas de cobranza que se encargan de recaudar la cartera judicial de los establecimientos de crédito corresponde a estos, de manera que los acuerdos de pago se realicen con las formalidades establecidas en el respectivo contrato de cobranza, indicó la Superintendencia Financiera. En el caso de los créditos de vivienda, las entidades vigiladas deben informar a los deudores que los gastos por gestión de cobranza corren por cuenta de la entidad, hasta el momento en que se presenta la demanda, pero el cobro judicial corre a cargo del deudor.