Para prevenir riesgos como la inequidad, la injusticia, la restricción en el acceso a la propiedad y el engaño a compradores y vendedores o al Estado, el Congreso aprobó una ley que regula la actividad de los avaluadores, especialistas dedicados a determinar el valor de un bien inmueble. La norma indica que el ejercicio ilegal de esta actividad será considerado como simulación de investidura o cargo, la cual se sanciona penalmente con 2 a 4 años de prisión.