En el evento en el que los estados financieros no se ajusten a lo previsto en los libros de contabilidad, de acuerdo con lo señalado en la Ley 222 de 1995, la entidad deberá preparar y presentar a la asamblea general de accionistas o quien haga sus veces unos nuevos estados financieros que reflejen fielmente la situación financiera para su respectiva aprobación. Así mismo, los nuevos estados financieros debidamente aprobados deberán presentarse a las entidades de vigilancia y control correspondientes y a todas aquellas a las que se les hayan suministrado los que no cumplían con los requisitos legales, indicó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. De otra parte, el representante legal, el contador público y el revisor fiscal, cuando exista la obligación de tenerlo, serán responsables por los perjuicios que causen a la sociedad y a terceros y deberán sujetarse a las posibles sanciones de tipo penal y administrativo, entre otras, a las que están expuestos.