Las entidades financieras, en su condición de intermediarias en las operaciones de leasing, buscan garantizar el pago oportuno del precio convenido y, en tal medida, pueden exigir garantías adicionales que garanticen la operación. Para ello, pueden utilizar cualquiera de las modalidades previstas en el ordenamiento jurídico y acompañarlas, además, de seguros que cubran riesgos ocasionados por daño en el bien o cualquier otro, indicó la Superintendencia Financiera. Así mismo, para efectos de analizar el riesgo de crédito, los bienes se tienen en cuenta como mitigadores de la pérdida probable y su valorización exige idoneidad para fundamentar la operación y su realización.