Conforme a lo dispuesto en la Ley 1328 del 2009 (reforma financiera), las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera tienen la obligación de suministrar al público información sobre el defensor del consumidor financiero, las tarifas de los productos y servicios que ofrecen masivamente y publicar en su página de internet los textos de los modelos de los contratos estandarizados que emplean con su clientela, acaba de reiterar ese organismo. La Carta Circular 38 del 2011, dirigida a los representantes legales de las entidades aseguradoras, los corredores de seguros y sociedades de capitalización, advierte que dicha información debe ser claramente suministrada al público.