Había sido demandado el artículo 532 del Código General del Proceso, el cual establece una regla de remisión normativa al régimen de insolvencia de la Ley 1116 del 2006 para las “personas naturales no comerciantes que tengan la condición de controlantes de sociedades mercantiles o que formen parte de un grupo de empresas”. La disposición había sido acusada de desconocer el derecho a la igualdad, el acceso a la administración de justicia y a la personalidad jurídica. El alto tribunal declaró la ineptitud sustancial de la demanda al no acreditarse los requisitos de certeza, suficiencia y pertinencia de la acción (M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar).