Con el propósito de verificar que los dineros públicos en fiducias se manejen de manera adecuada y eficiente, la Contraloría General de la República (CGR) y la Auditoría General de la República (AGR) acaban de expedir una circular conjunta, en la que establecen pautas para la vigilancia de los $ 149 billones de activos e inversiones de entidades estatales administrados por fiduciarias. Entre otras medidas, las contralorías territoriales deberán remitirle a la AGR un informe sobre el inventario de los patrimonios autónomos, los fondos cuenta y los fideicomisos abiertos por sus entidades vigiladas con recursos públicos o parafiscales, que especifique la fiduciaria, la clase de fiducia y la cuantía, y si tales fideicomisos han sido objeto de control, a través de qué medio, la fecha y las principales conclusiones de tales controles.