Las personas que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, como es el lavado de activos o enriquecimiento ilícito, así como quienes estén vinculados en situaciones por conductas relacionadas, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Ley 964 del 2005, no pueden ser representantes legales de instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera ni participar en procesos de constitución, reorganización y adquisición de sus acciones. Así lo indicó la entidad, en concepto de septiembre.