Al ser la Ley 1429 del 2010 posterior a la Ley 1258 del 2008, resulta aplicable a las sociedades por acciones simplificadas en lo que respecta a la determinación de la causal de disolución de una compañía. Por lo tanto, los asociados pueden enfrentar la crisis adoptando las medidas que sean del caso, según la causal ocurrida, siempre que el acta que contenga el acuerdo se inscriba en el registro mercantil dentro de los 18 meses siguientes a la ocurrencia de la misma, indicó la Superintendencia de Sociedades. Así las cosas, afirmó la entidad, no existe un plazo legal para que las medidas adoptadas efectivamente subsanen las pérdidas, aunque sí debe hacerse dentro del tiempo estrictamente necesario, siendo una labor por la que corresponde velar a los administradores, determinando la forma pronta de lograr el objetivo o, en su defecto, proceder a la liquidación del patrimonio.