Aunque las autoridades de policía tienen facultades jurisdiccionales excepcionales para amparar el libre ejercicio de la posesión o de la tenencia de bienes, no pueden resolver controversias que involucren derechos personales, pronunciarse sobre la existencia de relaciones contractuales ni sobre los derechos que emanan de las mismas. Tampoco pueden proteger derechos e intereses colectivos relacionados con la prestación eficiente del servicio de televisión. Así lo advirtió la Corte Constitucional, al amparar el debido proceso de Telmex Colombia S. A., vulnerado por unas autoridades policivas de Pasto que le ordenaron abstenerse de perturbar los derechos de posesión de otra empresa, Cablenet Sur Ltda., en virtud de un proyecto de televisión por cable que estaban desarrollando. La Sala aclaró que el litigio entre las empresas no era competencia de las autoridades policivas, sino de los jueces, o de un tribunal de arbitramento. (M. P. Juan Carlos Henao).